Hace unos días mi hermano Jesús me envió uno de sus trabajos, presentándolo así: “ahora soy yo el que te comparte un artículo… es una historia que a mí me divierte, entre otras razones porque me hace ver que algunas cosas no han cambiado mucho en nuestro país: la colusión entre los particulares y los poderosos, la interpretación terriblemente retorcida de la ley, las tardanzas de la justicia, los negocios turbios en nuestro pueblo…” Lo que sigue es una versión resumida de su artículo, que invito con entusiasmo a leer porque está narrado con nombres de curas, jueces, autoridades, delincuentes y productos prohibidos, es una historia que sucedió y sigue sucediendo aquí y en muchas partes del país, y nos ayuda a entender un poco más cómo es que se fue formando en nuestro México ese concepto tan peculiar de buscar rendijas en la ley y rendijas a las oportunidades que otros han creado, en vez de crear nuestras propias oportunidades.


El artículo puede consultarse en
jgs-las huertas y la vid.

 

1-Historia vieja y reciente

En un pueblo de provincia la vida lleva su curso normal y se dan las amistades, amores, recelos y colaboraciones que en todas partes del mundo; uno de los vecinos envía una carta que aspira al anonimato en un lugar en donde a todos les conocen la edad, la riqueza, las deudas y la manera de escribir. También está enterado el juez a quien había sido dirigida la carta que el denunciante tenía rencillas con el denunciado, sin otra razón más allá de la envidia porque el otro tenía un negocio más próspero que el suyo. El asunto ni siquiera podría haberse presentado en un juzgado, de no ser porque se refería a un giro de negocio prohibido: el denunciado había rentado una casa, instalado ahí los elementos necesarios para elaborar su producto, contratado gente para fabricarlo y para venderlo. Cuando le cae encima la fuerza de la ley, haciendo un cateo en la propiedad señalada, se descubre que efectivamente hay ahí materias primas, aparatos y producto terminado; lo que puede confiscarse se confisca, el resto se destruye y se le abre una instrucción formal al denunciado, ahora elevado a la calidad de presunto delincuente.

Al igual que sucede casi siempre con la desgracia ajena, los vecinos hubieran presentado sus condolencias y suspirado internamente con alivio porque le tocó la fuerza de la ley al otro y no a ellos: pero sucedía que muchos vecinos en su calle, su vecindario y en todo el pueblo hacían exactamente lo mismo que el indiciado, con mayor o menor fortuna pero lo mismo. Inmediatamente empieza la zozobra en el pueblo, quién seguirá, de dónde vienen las instrucciones, será mejor permanecer callado o solidarizarse con el caído, no por esa caída en particular sino porque uno también podría estar en su lugar. El pueblo ser organiza y presenta su defensa: el alegato es que esa actividad en realidad no perjudica a nadie porque ha sido practicada en el pueblo desde que se fundó, hace ya algunos siglos; todo mundo lo sabe; lo sabía el juez que lleva la causa, ¿por qué hasta ahora toma medidas? En un alegato de solidaridad, insincero pero irrebatible, todos cierran filas en torno al caído y hacen suya la causa. Entre las muchas razones que dan, hay dos importantes: de fuera, de muy lejos, vienen otros productos semejantes a los que aquí han sido prohibidos, ¿por qué aquellos sí y los nuestros no?; todo el pueblo, en mayor o menor medida, vive de esa industria: ¿pretenden traer la miseria al pueblo? ¿Quieren que las mujeres se prostituyan, al no encontrar una ocupación digna?

A la autoridad empieza a complicarse el asunto: la denuncia no fue anónima ni desinteresada, el oficial a cargo del proceso procedió con arbitrariedad, no pueden hacer escarmiento de uno cuando todo el pueblo se ha presentado ante ese oficial como culpable. Poco a poco, el oficial pierde el favor de todos en el lugar: los industriales del producto prohibido, los proveedores de materias primas, los distribuidores, el alcalde, el cabildo y hasta el señor cura. Al pueblo le parece excesivo que ese pequeño producto, que consumido con moderación eleva el espíritu y favorece la convivencia, sea satanizado en favor del producto que viene de fuera, que produce los mismos efectos, es más caro y produce miseria si no deja competir a los productos locales. El oficial se atora ante un caso que tendría que llevar contra el pueblo en su conjunto, porque hay nada más dos clases de pobladores: los que producen y los que consumen, incluyendo ahí al mismo oficial y a los soldados que lo tienen que cuidar de la furia de todos.

El asunto empantanado viaja a la capital regional y sus autoridades sabiamente observan que aquel pueblo no es único y que a ésta ni a ninguna provincia le conviene ni el escándalo ni la miseria; se declaran incompetentes y lo envían a la siguiente capital, en donde más de lejos pero con la misma certeza saben que en esa provincia y en todas las demás provincias tendrían el mismo predicamento. ¿Qué hacer? ¿Traer pobreza, miseria, descontento, posibles infractores contra la ley de la Naturaleza, como matar y robar, en vez de compadecerse de los infractores a un cierto reglamento, formado por Alta Autoridad, pero aún así, un reglamento que podría cambiar?

Alguien todavía más arriba, piensa con más claridad: si lo que hacen no es tan dañino por sí mismo (ya que hay productos semejantes que sí están autorizados), si todo un pueblo y muchos pueblos más en todo el país viven de esa misma industria, ¿cuáles son nuestras alternativas? La primera es la obediencia ciega al reglamento, con las consecuencias de volver delincuentes a los que por generaciones han practicado esa industria, quitarles su trabajo, empobrecer al pueblo, gastar recursos en combatir esa industria y generar descontento y posibles reacciones violentas. La segunda alternativa es hacer caso omiso del reglamento, de vez en cuando atrapar a alguien sin tanto escándalo, y cubrir las apariencias ante la máxima autoridad de que se trabaja en favor de la ley. La tercera es permitir esa industria y gravarla con impuestos: los que la practican no tendrían que vivir en zozobra, el gobierno no tendría que gastar en combatirlos, y recibiría dinero.

2-Promúlguese, pero no se acate

La historia que estoy relatando es verídica, pero no es actual. Sucedió hace muchos años, empezó en 1784 en Aguascalientes, un pueblo mediano de la Nueva España en donde el pueblo entero vivía del comercio de los productos obtenidos de las huertas, que se regaban con los manantiales de Ojocaliente, en aquella época muy abundantes; muchas huertas fueron sembradas de vid, los dueños calculaban si les convenía más vender la uva o utilizarla para producir bebidas alcohólicas, ayudados con una saludable porción de piloncillo para acelerar la fermentación. Los españoles poseían una tradición de muchos siglos de producir buenos vinos, y teniendo cerca al Rey habían maniobrado para que se prohibiera la fabricación de bebidas alcohólicas en las Américas a fin de favorecer la producción española; era una ley que había sido hecha bajo una consigna semejante a “promúlguese, pero no se acate”; la ley existía y se cumplían las formalidades de respeto, pero existía un consenso general en la Nueva España que esa ley era como las llamadas a misa, la atiende el que quiere atenderla. Era del conocimiento general –los productores de Aguascalientes, el cabildo, el alcalde, el cura, el juez encargado y los soldados- que el pueblo producía un alcohol de menor calidad que los vinos españoles, pero con la ventaja de ser más barato y ser el sostén de familias completas, en ese pueblo y en muchos otros del virreinato. Aplicar la ley escrita sería violar otra ley, la de la costumbre, y abrir la puerta a miseria, hambre, descontento, prostitución de las mujeres en edad, y bandoleros en los caminos por parte de los hombres con fuerza para hacerlo.

¿Qué sucedió? Yo soy mexicano y la mayoría de mis lectores viven en México, no es necesario narrar un final explícito. Con cariño y respeto para mis hermanos y ancestros españoles, les informo que no pasó nada: la ley siguió promulgada pero sin aplicarse, el pueblo continuó fabricando sus vinos adulterados, la industria del vino floreció en este valle hasta aproximadamente 1990, cuando se acabó no porque la ley lo prohibiera sino porque los grandes productores de vinos compraban la vid al agricultor y le pagan tarde, mal, nunca y al precio que les daba la gana. De los viñedos que yo conocí cuando era niño al norte de la ciudad queda el recuerdo, por ahí está todavía un letrero falaz declarando que en cada botella de Brandy San Marcos cabían siete kilos de uva; nadie lo creyó pero se consumió, al igual que nadie creía en aquella ley aunque siguiera vigente. Este es México, en donde las leyes se promulgan, pero no se acatan.

La historia de Jesús no termina con lo que he narrado, se torna más interesante; en la mitad que me falta reseñar el asunto ya no es el enfrentamiento entre autoridad e individuo, porque aparece en escena un particular que se aprovechó de sus influencias para reunir en su persona a juez y parte; este mexicanísimo individuo había ido comprando huertas por el barrio de Triana, se hizo de un puesto oficial que regulaba la distribución del agua de los manantiales, y el resto lo puede imaginar usted: sus huertas crecían y florecían, producía alcoholes de regular calidad para abajo, mientras las huertas de los que no eran sus amigos veían morir sus plantíos por falta de agua. Vale la pena leer esta historia de hace dos siglos, es como si leyéramos una noticia del mes pasado.

Jesús Gómez Serrano
Las huertas y la vid. El vino y el chinguirito
en la villa de Aguascalientes a fines de la época virreinal
UNAM, estudios de historia novohispana 48 enero-junio 2013, 123-187

Puede leerse en jgs-las huertas y la vid.

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