Los que teníamos risa para compartir gozamos en aquel septiembre de 2006 con la multitud de imágenes que nos enviaban de la kermesse-plantón en Paseo de la Reforma que organizó López Obrador para protestar por el fraude electoral; le cabe el honor de haber creado la consigna de “voto por voto” (que estuvieron a punto de utilizar sin pagar derechos de autor los del PRI en Baja California), y le agradecemos todos la diversión gratuita, pero afortunadamente el tiempo ha moderado los ánimos de los seguidores y la caja chica de que dispone López Obrador, porque no hemos vuelto a tener ese circo.

Ahora resucita el asunto por obra y gracia del IFE, quien impone una multa de $25 millones el PRD, quien entonces proporcionó el escudo y los colores a López Obrador, y ahora pagará la multa porque Obrador emigró a agrupaciones políticas más crédulas; mexicanos somos: perredistas de hoy que posiblemente ni estuvieron presentes en el plantón pagarán los platos rotos del que ya no es perredista. Pero esta no es la mayor ironía del asunto, porque en realidad el PRD no va a pagar ese dinero, el IFE se lo descontará de las ministraciones que le otorga mensualmente; es decir, el PRD y López Obrador se burlarán de los contribuyentes, seremos nosotros quienes paguemos esa “multa”.

Pero al menos se intentó hacer justicia. Hay muchos asuntos relacionados con las elecciones en donde no se hace justicia, y cuando se hace es mucho después de las elecciones, en donde no habrá castigo en la ley que se enfoque en el asunto mayor, el resultado de las elecciones.

Supongamos que el aspirante X a la gubernatura consigue apoyos en algún lado, le mete dinero a raudales a su campaña, inunda de posters, entrevistas, volantes y spots el espacio físico y las ondas de radio en el Estado, en tal concentración que puedan provocar un nuevo agujero negro en el Universo. Naturalmente, puesto que las elecciones se han convertido en un ejercicio más del arte de la mercadotecnia, gana X; los oponentes buscan defectos a su campaña, violaciones a cualquier ley o reglamento, hasta pasarse un alto hubiera sido bueno, pero están desorganizados y presentan su caso mal cimentado, apenas cinco minutos antes de que les cierren la ventanilla. Los tiempos legales y políticos transcurren, X es declarado gobernador electo y finalmente toma posesión.

Un par de años después, el Tribunal Electoral correspondiente ha tenido a bien desahogar todos los expedientes que tenía rezagados y atiende la denuncia de los que perdieron frente a X. Como los papeles están hechos a la carrera, pasan todavía semanas y meses antes de que se aclare el asunto, los peritos contratados puedan ir a las calles a certificar que ahí, 2 años y medio después de las elecciones, ya no está ningún poster del candidato X, pero los demandantes exhiben pruebas, fotografías, testigos de grabación de la radio y un cálculo primitivo de precios unitarios, y el Tribunal finalmente concede que X rebasó los topes de campaña, gastando diez veces más que el recurso autorizado.

¿Qué hacer? En este país todo mundo sabe que el que gana una campaña es el que hizo la mejor campaña, es decir, el que tuvo mejor mercadotecnia y por lo tanto el que invirtió más. Los hechos indican que X ganó y que gastó diez veces más, es decir tuvo diez veces más recursos para su mercadotecnia, el elemento clave en una elección, que los otros oponentes, quienes apenas alcanzaron el doble o el triple de los topes estipulados. La conclusión es que X ganó violando la ley en un aspecto decisivo para la elección, no nada más pasándose un semáforo en rojo. ¿Qué hacer?

Pues nuestra honorable legislación nos dice que X ganó y seguirá ganando, porque no hay previsiones para quitarlo del puesto. Podrán multar a su partido y hacerle exhortos o exhibirlo en los periódicos, pero X seguirá siendo gobernador. Esto significa que nuestra ley cuida las formas y no el fondo; castiga a quien violó una ley, pero el castigo no es proporcional a la falta, es incomparablemente menor; una vez ungido gobernador, no faltará manera de que X obtenga los apoyos necesarios para pagar aquella multa.

El pronóstico es que todos los partidos políticos se arriesgarán a rebasar los topes de campaña, porque si pierden el ganador ya no tendrá interés en demandarlos, y si ganan y les prueban el exceso de gastos recibirán un castigo simbólico. El asunto es importante porque una vez que tenemos seguro, gracias al IFE, el proceso durante el día de las elecciones, está la puerta trasera abierta para que por ahí se cuelen problemas que deberían poner en tela de juicio la validez de las elecciones.