La historia de México es la cronología de una gran incapacidad para dialogar. Salvo los períodos en que el país ha tenido algo o alguien al frente, que es suficientemente fuerte para decidir lo que debe que hacerse, el resto del tiempo vemos una casi total imposibilidad de ponernos de acuerdo; uno y otro períodos nos dicen que el diálogo en este país no existe: en su lugar tenemos órdenes de quien tiene el poder, o vituperios entre los que buscan el poder. Es como si de una manera cíclica, estuviéramos empeñados en estropear las oportunidades que se nos presentan de formar acuerdos entre nosotros y avanzar conforme a esos acuerdos, porque a la vuelta de un tiempo, sube al poder otra vez alguien que nos quita o hace inútil la discusión política. En los tiempos de la Colonia, de Porfirio Díaz y del PRIísmo no se acostumbraba la discusión política; en el resto de nuestra historia hemos malgastado en luchas fratricidas o en politiquerías las oportunidades tenidas.
La Colonia terminó con la Guerra de Independencia y la presidencia de Porfirio Díaz, con la Revolución Mexicana; con estos años de distancia podemos decir que en el primer caso nos quitamos de encima a España y pasamos a gravitar en la órbita de Estados Unidos, y que Porfirio Díaz perdió la presidencia para que viviéramos veinte años de caos y setenta de una dictadura perfecta. En su turno la dictadura del PRI cayó en 2000 sin necesidad de llegar a las armas, porque fue mediante una votación que representó por primera vez en un siglo una elección legítima para presidente. Hubo dos factores determinantes: la intervención del IFE para regular la elección, y que el Presidente Zedillo aceptó el resultado.
El IFE parecía ser la solución de nuestros problemas de entendimiento, porque su participación fue determinante para lograr un resultado deseado por una mayoría en la población: elecciones para presidente en donde el pueblo decidiera con su voto. Sin embargo, el 2 de julio del 2000 fue el cenit en la historia del IFE; después de eso empezó a decaer, y la razón es simplemente que los partidos se dieron cuenta que no podían dejar en libertad a un órgano ciudadano e independiente de ellos para fiscalizarlos; así, en estos once años han tomado cada vez mayor participación en él, y aunque el IFE sigue siendo nominalmente el árbitro de las elecciones, en la práctica no es capaz de controlar uno de los grandes vicios de nuestra democracia, que es la ingerencia del gobierno en turno para apoyar a su candidato, como los últimos casos en Edomex y Aguascalientes.
Yo me pregunto qué hacen los partidos adentro del IFE, qué necesidad hay de que tengan representantes ahí. Si algo le parece mal a un partido o a un ciudadano con respecto a una elección, para esto están los tribunales electorales. El hecho de que los partidos estén metidos en el IFE y traten de inclinar sus decisiones a uno u otro lado contamina al Instituto y le quita su característica de “ciudadano” y es también una invitación a que las autoridades también intenten meter su cuchara.
En la práctica el IFE se ha empantanado: por ejemplo, en discusiones bizantinas acerca de lo que puede decirse o no en los medios de comunicación. Ya cuenta con la facultad exclusiva de programar y controlar los spots en radio y televisión, y aparte se ha metido también a arbitrar otro tipo de información política. El problema es que la raya que separa “propaganda” de “información” es muy tenue, ya que, aunque se prohíba a los candidatos hablar por radio o tv en ciertos días previos a la elección, un comentarista puede expresar una opinión favorable o negativa sobre algún candidato, y ciertamente que eso influye en la votación. ¿Va el IFE a legislar lo que pueden informar los comentaristas? ¿Va a moderarles el tono de su voz?
Encima del IFE tenemos tribunales especiales, el TRIFE y los tribunales estatales, a los que se les ha dado status muy elevado, que se refleja en los sueldos de sus magistrados. Con todo esto aún el día de hoy hay muchas personas que cuestionan la elección del Presidente Calderón. Hemos creado una pirámide de instituciones para controlar las elecciones, nos hemos atorado en discusiones de detalle y lo más grave es que el sentir general del pueblo es ¿para qué sirven las elecciones? Esto lo puede comprobar cualquiera entrando a los foros de noticias en donde se aceptan y se publican las respuestas del público. Si todo fuera cuestión de que los partidos se pelean entre ellos, a mí no me preocuparía mucho. Lamentablemente nuestras elecciones y con ellas, el rostro actual de esta Nación y su futuro están en gran medida en sus manos, en las del IFE y los tribunales electorales, y por lo tanto, hay razón para estar atentos y señalar sus problemas.
Los participantes activos en este panorama son: senadores, diputados, IFE, partidos políticos, TRIFE y tribunales estatales. No incluyo al pueblo porque mientras yo no pueda votar por quien quiera, sino tenga que hacerlo por alguien postulado por un partido político, me considero a mí mismo espectador y no actor en una elección.
Con respecto a los participantes activos mencionaré aquí el dinero en juego, porque para los ciudadanos no es nada más cosa de que haya patadas por debajo de la mesa en las discusiones del IFE, sino que todos esos señores viven de nosotros, utilizando en su beneficio una parte importante del presupuesto nacional. Para que norme usted su criterio: en millones, la cámara de diputados tiene $5,293, la de senadores $3,585, el IFE $10,499 (de ahí reparte al PAN $788, al PRI $997, al PRD $419, al PT $219, al PVEM $290, al PC $191 y al PANAL $213), el TRIFE nos cuesta en la Sala Superior $1,343 y en las Salas Regionales $1,998; y aparte están los Institutos Electorales de los estados, de los cuales el de Aguascalientes tiene la miseria de $40 millones. Sin contar los IEE-estados, las partidas anteriores suman $22,718 millones de pesos, y de ahí, lo que se da a los partidos suma $3,117 millones de pesos.
Contrastemos esta cantidad con la que se da a algunas universidades e instituciones superiores. La UNAM recibe $25,654, la UAM $4,415, el IPN $10,408, la UPN (Universidad Pedagógica Nacional) $681, el INAH $3,041 y el INBAL $2,107, lo que suma $43,396 millones. Es decir, nuestra democracia nos cuesta prácticamente lo que cuesta la UNAM (diferencia del 11.4%), y nos cuesta más de la mitad de lo que se da a las universidades e institutos que he mencionado, que son los más importantes en el sector público. Yo le pregunto a usted, ciudadano: ¿Se justifica ese costo para la democracia? ¿Siente usted más afecto por las discusiones del IFE que por las investigaciones y publicaciones de la UNAM? ¿Siente que los partidos políticos merecen llevarse el 30% del presupuesto del IPN? ¿Importa menos la educación que el circo de la democracia?
Don Rubén Mora, mi amigo y antiguo patrón me decía frecuentemente: “¡resultados, José Luis, resultados!”, porque a fin de cuentas, si la casa nos salió cara pero vivimos a gusto ahí, el costo se nos olvida con los años. Durante un breve lapso de tiempo a partir del 2 de julio de 2000 yo creí que lo invertido en democracia valía la pena. Sin embargo, como dije arriba, la democracia en México está entrampada por dos razones: 1) malos resultados en las elecciones, 2) pésimos resultados después de las elecciones. Por si no me doy a entender: 1) no estoy satisfecho con la forma en que se realizan las elecciones, particularmente con el monopolio que los partidos políticos hacen de las candidaturas, 2) estoy todavía menos satisfecho con lo que hacen los gobernantes una vez electos.
En esta pachanga de la democracia (no puedo llamarla “ejercicio ciudadano” cuando los partidos me quieren convencer con muchachos agitando banderas en las esquinas), a los ciudadanos nos tocó bailar con la más fea, y además pagarle.
Nota. Agradezco a mis Consejeros Electorales (Alejandro Franco V. y Fernando Ortiz G.) sus valiosas opiniones. Los números están tomados del documento Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, Comparativo por Unidad Responsable del Gobierno Federal 2010A – 2011P, publicado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.
jlgs / El Heraldo de Ags. / 2.7.2011
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