Cuando se habla de “modernizar” una dependencia del gobierno, usualmente se refiere a comprar computadoras y sistemas para hacer con esos recursos lo que antes se hacía a mano y en papel. Por ejemplo, las licencias de conducir nuevas se hacen completamente adentro de un sistema de cómputo, hasta la foto se toma con una cámara conectada a una computadora. Los pagos en el Municipio se hacen en cajas que usan computadoras en vez de registradoras. El Registro Civil procesa todos los datos de los actos registrados en un sistema, los almacena en sus servidores y de ahí salen las actas certificadas. Los tres casos mencionados pueden decir que han modernizado la dependencia en cuestión, porque cubren la gran mayoría de los pasos necesarios para dar trámite al acto correspondiente, y además la ley no impide (mediante una prohibición expresa, o mediante una orden contraria) que se hagan por computadora.
No en todas las oficinas del gobierno existe libertad absoluta para definir y avanzar en la modernidad tal y como lo decida la autoridad. Por ejemplo, las nuevas facturas electrónicas ya no son de papel, son un archivo XML porque así lo manda la ley, no porque Hacienda lo diga. Los bancos pueden hacer transacciones electrónicas –pagar con tarjeta una compra por internet- porque los países han establecido convenciones que dicen qué es lo válido en la materia, y de qué manera obliga a las partes contratantes. Las sesiones en el Congreso Estatal se realizan con la presencia física de los diputados, todavía no se les ha ocurrido permitirse sesionar mediante una “conversación de Messenger”, lo que desaparecería por decreto las ausencias de los diputados a la cámara (por favor no comente esto con los diputados, les daría ideas).
Una de las dependencias más importantes en cualquier estado es el Registro Público de la Propiedad (RPP). La misión de esta dependencia es muy simple: todas las operaciones de bienes raíces tienen que registrarse ahí, y a cambio de esta obligación, el RPP se convierte en un banco de datos donde cualquiera puede solicitar información sobre cualquier propiedad. Lo que diga el RPP es la última palabra en cuanto a propietarios y gravámenes de cualquier propiedad y de esta forma la sociedad evita el gravísimo problema que habría con falsos títulos de propiedad. Es exactamente al revés de lo que pasa con los automóviles: usted compra un coche usado y tiene que persignarse para que la factura que le dan no sea falsa, porque NO hay una dependencia que diga quién es el propietario. Como consecuencia, se tienen infinidad de problemas relacionados con robo de vehículos y ventas fraudulentas. Imagínese usted el desorden que sería este país si no pudiéramos tener la certeza de que la casa que compramos (y que todavía pagamos) es verdaderamente nuestra. El objetivo primordial del RPP es la seguridad jurídica inmobiliaria, es decir, darnos a todos certeza de quién es el dueño de cada predio, y de los gravámenes que pesan sobre cada precio. La certeza se consigue mediante la difusión de la información a cualquier ciudadano, y de esta manera el RPP da seguridad frente a terceros, que es el término técnico.
El RPP no decide por sí mismo la manera en que va a almacenar la información de compraventas e hipotecas. Por la importancia de la materia, se realiza de la siguiente manera: cada operación inmobiliaria se efectúa ante Notario Público con una escritura pública, y el Notario presenta al RPP una copia de cada instrumento, en unas hojas de un tamaño especial. En el RPP se van juntando las copias de estos instrumentos, y cuando reúnen un cierto número de hojas, se encuadernan y se forman los Libros del Registro. Cada libro tiene indicado la sección a la que pertenece (compraventas, hipotecas, etc.) más un número consecutivo, y dentro del libro, los instrumentos vienen también numerados consecutivamente. Desde esta perspectiva, el RPP es como un gran encuadernador de libros, que son formados con las escrituras públicas que los notarios entregan. Las hojas de estos libros tienen un margen amplio (la apostilla) en donde se hacen las anotaciones necesarias. Por ejemplo, se registra ahí que ya se hizo una hipoteca, y se anota sección, número de libro y el número de instrumento en donde está registrada. Cuando una propiedad se vende, en la escritura anterior de compraventa se anota en la apostilla que “pasa a” tal libro, tal número, y con esto se indica que ese registro de compraventa ya no es el más vigente. Esas referencias de un libro a otro dan su nombre popular al método: siga la flecha; el término legal es tracto sucesivo.
Administrativamente, la operación de un RPP no es muy complicada. La vuelven difícil el volumen de operaciones, o los posibles vacíos legales, o cuando una propiedad está en disputa, o cuando un predio no estaba registrado. En México, y en especial en Aguascalientes, estos problemas no son frecuentes; los problemas del RPP son otros. El problema número uno es que el método siga la flecha data de los tiempos de la Colonia Española, y fue bueno cuando en este pueblo todos se conocían por su nombre, pero no ahora que nuestra entidad tiene 1,200,000 habitantes, y hay aproximadamente 400,000 predios registrados. Uno mismo puede coser los botones que se cayeron de la camisa, pero una sola persona no puede coser los botones a todas las camisas de fábrica; la comparación con el RPP es que el número de predios y las operaciones relacionadas con ellos hacen sumamente laborioso y difícil el trabajo con este método siga la flecha. El segundo problema es que el archivo en papel del RPP (es decir, sus libros) ha crecido hasta ocupar cientos de metros de estantería. La administración y el manejo de estos libros, que tienen un movimiento frecuente, también es un problema, porque es muy fácil que el mismo libro se requiera para consulta o actualización al mismo tiempo en dos lugares. El tercer problema son los daños que pueden sufrir esos libros: mutilación de hojas, pérdida completa de libros, volverse ilegibles con el uso, incendio, etc. En algunos estados, como Yucatán y Oaxaca, se ha hecho público el problema de pérdida de libros. En Aguascalientes no ha sucedido, pero existe el riesgo.
Naturalmente, la solución actual a esta problemática es hacerlo todo en computadora. En vez de libros, que se almacenen imágenes en un sistema, ahí se hacen las anotaciones, el público podría consultar el sistema en el RPP o inclusive desde internet, los metros cúbicos de libros se reducirían al tamaño de un servidor, pueden hacerse respaldos todos los días y almacenarlos en la nube, etc. Técnicamente hablando, esa es la solución y está al alcance del gobierno (es bastante más barato que hacer un puente en el tercer anillo). Sin embargo, la historia del RPP en Aguascalientes ha sido de avances concentrados en breves períodos, y abandono la mayoría del tiempo.
Ha habido en los últimos cuarenta años tres directores del RPP que le han dado un gran impulso. En la época de Angélica Hernández Lozano (1975) se construyeron las oficinas actuales; María Teresa Martínez Mercado inició el proceso de modernización en 1990; José Luis Reynoso Chequi convenció a Otto Granados de crear un nuevo sistema, que fue dejado en operación en 2000, que es el que todavía se está utilizando, y que no ha recibido actualización ni mantenimiento alguno en estos 11 años. Este sistema lo hizo mi empresa.
En 2008 visité varias veces a Juan Ángel Pérez Talamantes, Secretario General de Gobierno, para plantearle la conveniencia de actualizar el sistema que habíamos dejado funcionando en 2000. Me dijo que sí, que lo tenía que consultar con quien ya sabes, que ya de México le habían hecho un estudio y sugerido eso mismo, que le hiciera un presupuesto incluyendo captura, equipo, y sistema, etc. Me trajo a la vuelta y vuelta varios meses. Luego intervino en el asunto Joel Arenas, jefe de sistemas de la SGG, y dijo que él iba a tomar en sus manos el asunto, y que para empezar visitaría algunos estados para recibir sus propias impresiones. La Federación ya había contratado a una empresa como asesor para que evaluara la situación de todos los RPP en los estados, y esta empresa entregó al Secretario sus recomendaciones para Aguascalientes. Hay que mencionar que este asesor cuenta con expertos en el tema (entre ellos un ex director del RPP del DF) y habían visitado todos y cada uno de los RPP en el país. Sin embargo, Joel Arenas decidió hacer su propio análisis, y hacer valer su propio criterio.
Me di cuenta que yo había cubierto mi cuota de horas de antesala cuando vi que el Secretario, que amablemente me había dado su número celular, todavía más amablemente se negaba a contestarme. Hacia fines de 2009 me enteré que ya habían comprado un sistema. Hice algunas indagaciones y nadie me supo decir de la licitación o la forma en que lo adquirieron. Se requería una licitación porque el monto de este proyecto, de acuerdo a mi estimación, era de $25 millones o más, pero me informaron que SEGI, con Florentino Reyes Berlié al frente, había manejado el asunto con discreción (quiero decir discrecionalmente). En septiembre de 2010 intentaron echar a andar el nuevo sistema, y sucedió lo que no había pasado en 30 años: colas enormes, lo que se hacía en 2 días ahora tardaba 15, molestias del respetable y de los notarios, y finalmente cerraron la oficina al público para que pudieran concentrarse en hacer las correcciones y ajustes necesarios al sistema, una especie de solución de avestruz. Yo pensé en ese momento que la suerte estaba decidida, pero inexplicablemente el sistema pasó la curva de la muerte (el cambio de gobernador) sin pasar a mejor vida, y en este momento todavía están empeñados en resucitar a ese muerto. Al día de hoy en el RPP, las consultas del público y el registro de documentos en Oficialía de Partes se hacen con el sistema que yo dejé en 2000.
La actual Administración decidió aceptar este problema, ahora tendrá que sacarlo adelante. Sin embargo, veo algunas dificultades. Para empezar, la forma en que se adquirió el sistema (entiendo que hubo participación federal) y el poco tiempo que tuvieron para hacerlo; yo pregunto, por ejemplo, qué fecha límite se contrató con el proveedor para la entrega final de todo lo contratado. En segundo término, la captura de información, que fue parte de lo adquirido. Este punto es problemático porque se hace manualmente y pueden cometerse errores. Además, en el caso del RPP es todavía más difícil porque el capturista tiene que extraer de una escritura pública los nombres de comprador y vendedor, medidas y colindancias, fechas, datos del antecedente, etc., y todo eso está narrado en texto libre, no está anotado en campos especiales (como los nombres en un acta de nacimiento), y por lo tanto el capturista tiene que tener entrenamiento y capacidad para realizarlo bien. Además, en toda captura tienen que definirse por anticipado márgenes de error aceptables, y la empresa que captura tiene que implementar un control de calidad para lograr ese margen aceptable. Todo esto, hasta donde yo sé, brilla por su ausencia en el proyecto, y sería una falla grave por parte de quien definió las condiciones de compra. Finalmente, un grupo de 25 capturistas decidió demandar a la empresa a cargo de esta labor, porque no les pagaban adecuadamente. Con estos antecedentes veo difícil que en un futuro próximo (esta Administración, por ejemplo), se pueda por fin dar las gracias al sistema que yo dejé funcionando en el año 2000.
Los problemas no terminan aquí. Supongamos que sucede un milagro y el mes próximo funciona bien el nuevo sistema. Como la ley no ha cambiado, desde ese punto de vista es como si no hubieran hecho nada, porque lo que vale son los libros, no lo que está en el sistema. Dicho de otra manera, cualquier aprendiz de abogado echa para atrás un proceso que esté basado en la información de las computadoras del RPP. Mientras la ley no cambie, todo lo que se haga en sistemas puede ayudar a mejorar los trámites, dar mejor servicio, certificar al RPP y conseguir ISO’s, etc., pero persiste la obligación del RPP de registrar todo en papel (porque eso es lo que vale), y tendrán que seguir creciendo los metros de anaqueles para sus libros.
Los asesores que habían venido de México tuvieron la precaución de señalar explícitamente la necesidad de cambios en la legislación para que el proceso de modernización fuera completo. Sin embargo, la administración anterior no hizo caso de ésta ni de otras recomendaciones, hechas, como afirmo, por gente que sí conoce su oficio. Actualmente no sé de ninguna iniciativa que hayan tenido nuestros H. diputados o que haya salido del Ejecutivo, para modificar la ley a fin de tomar en cuenta la información electrónica en el RPP, decirle adiós al Tracto Sucesivo y sus libros, y para quedarse nada más con el sistema de Folio Real Electrónico (nombre que se da al registro electrónico de cada predio). Parece ser que a todo mundo se le ha olvidado que el RPP, precisamente por su importancia, no puede hacer las cosas como quiera en cuestión de modernización, sino que tiene que haber cambios en la ley que validen lo que se haga en computadoras.
En 1999 dicté una conferencia en la Reunión de Registradores en Veracruz, donde planteé esta problemática, incluyendo la necesidad de reformar la ley. En Mayo de 2008 personalmente entregué una copia de esa conferencia a Juan Ángel Pérez Talamantes. Desde 1999 este texto ha estado disponible en el sitio de SEDESOL, patrocinador de la reunión:
(http://www.promocare.gob.mx/i_taller.htm),
y también está disponible en mi propio sitio bajo el nombre Modernización del RPP.
Espero que le sirva a usted, amigo ciudadano, porque a las autoridades todavía no les ha llamado la atención.
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