1-Programa nuevo para problemas viejos.

Posiblemente ante la ley sean igual de culpables el que robó $30,000 millones al erario y el que asaltó una tienda OXXO, pero las consecuencias son muy diferentes y la percepción del ciudadano con uno y con otro son también diferentes, en particular porque el defraudador del erario se va de vacaciones, y el pequeño asaltante cae a la cárcel. Los grandes asaltos por su misma naturaleza son escasos, al menos en comparación con los asaltos callejeros; los primeros los cometen bandas criminales, algunos gobernadores y alcaldes (movidos por la ambición), los segundos son obra de pequeños delincuentes, con motivos y ambiciones más limitadas; los primeros son a lo mucho 2 ó 3 (por estado y por sexenio), los segundos son cientos (por estado y por sexenio); las acciones para atacar los primeros deberían ser penas muy severas, para los segundos puede funcionar la prevención.

El Programa Nacional para la prevención social de la violencia y la delincuencia, que el Presidente Peña Nieto acaba de anunciar en Aguascalientes es una medida dirigida al individuo que puede ser rescatado de las garras de la delincuencia, o al que se podría ayudar a no delinquir mediante el tipo de acciones que integran este programa: atención médica a las comunidades, prevención y atención de adicciones, escuelas de tiempo completo, educación en valores cívicos y morales. ¿Quiénes son los destinatarios de estas acciones? El delincuente en general [i], quiero decir el pequeño delincuente, el vago que recibiría la oportunidad de jugar en una cancha de basket donde antes había un lote baldío, el hombre y la mujer desempleados a quienes que se les ofreció trabajo en un programa de empleo temporal, la jovencita que había empezado a fumar mariguana y fue rescatada por un centro de atención juvenil. ¿Quiénes NO son destinatarios de estas acciones? Los gobernadores dispuestos a enriquecerse (más) a como dé lugar, los miembros de delincuencia organizada, los empresarios que están dispuestos a sobornar para obtener grandes contratos del gobierno, personas inadaptadas como Bonnie & Clyde.

Uno de los grandes problemas que heredó Peña Nieto es precisamente la inseguridad, una de las caras de la delincuencia; el hecho de que lo haya incorporado desde el principio en su plan de gobierno quiere decir que entiende la seriedad del asunto y que quiere atenderlo. Ahora lanza un programa nacional que involucra a nueve secretarías y crea una comisión intersecretarial para hacerse cargo del proyecto. En palabras del Presidente “la prevención social de la violencia y el delito deja de ser sólo un propósito…y se convierte en responsabilidad compartida… por nueve secretarías”. En teoría está muy bien, en la práctica me acuerdo del dicho atribuido a Porfirio Díaz: “¿Quieres que algo no se haga? Nombra una comisión que se encargue de eso”. Para mi gusto, hay demasiadas secretarías, demasiados conflictos de poder entre ellas, demasiados jaloneos debajo de la mesa para cargar con los éxitos y deslindarse de los fracasos.

Pero el problema más grande que yo veo a este Programa es que no se mencionan por su nombre acciones concretas para combate a la delincuencia, ni se mencionan los grandes delitos. Es cierto, como dice el Presidente, que no podemos depender nada más del armamento y de los policías, pero un programa para combatir la delincuencia dirigido únicamente al ciudadano es como pedirle al ciudadano que se porte bien y que ceda la prerrogativa de robar a los funcionarios del gobierno que quieran hacerlo.

Hay dos tipos de delitos que podrían atacarse en forma inmediata, que son aspectos que influyen mucho en la existencia de criminalidad y además en la percepción del pueblo con respecto a cualquier acción que el gobierno quiera tomar contra la delincuencia; los examinaré enseguida.

2-Robo de autos.

El automóvil es un artículo que tiene valor en sí y que posee muchas aplicaciones. Por el gran valor de un coche nuevo, se convierte en objeto codiciado por los ladrones; por el uso que se le puede dar a un coche robado, es un objeto codiciado por el crimen organizado; el resultado es que hay bandas de robacoches en todas partes que utilizan gente coludida en los gobiernos estatales para reciclar esa mercancía con documentación que pase por alto el reporte de robo; por ejemplo hace unos meses se hizo público que habían desaparecido 60,000 juegos de placas nuevas de Nuevo León, listas para usarse en lo que usted quiera. Las autoridades dieron la peregrina explicación que las habían robado para venderlas por kilo, y los papeles serían utilizados para escribir al reverso y ayudar a preservar la naturaleza, intentando tapar el problema en vez de encararlo y atenderlo.

Un paso adelante para resolver este problema es implementar el Registro Público Vehicular (REPUVE), para tener un control centralizado de todos los vehículos del país. De esta manera, vehículo que sale de la fábrica ingresa a este registro, y de ahí en adelante todos los movimientos de compraventa se tienen que registrar ahí y todos los reportes de robo también van a dar a ese lugar. Si esto se hiciera con TODOS los vehículos automotores, se podría dar a la ciudadanía la CERTEZA JURÍDICA de que el vehículo no es robado, algo equivalente al papel que desempeñan los Registros Públicos de la Propiedad con respecto a bienes inmuebles: imagine usted el país en que viviríamos si además de tráfico de coches robados, hubiera también tráfico de casas robadas; esto último no sucede gracias a que el RPP hace (bien) bien trabajo.

Lamentablemente el REPUVE tiene que utilizar los servicios de los estados, porque ahí es donde se sacan las placas y se hacen los cambios de propietario. Esto significa que si un estado quiere, coopera; si no quiere (como Nuevo León, hasta la fecha), el REPUVE no avanza ahí. A la fecha están incorporados al proyecto Aguascalientes, BCS, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Nayarit, QR, SLP, Tabasco, Taxcala, Sonora, Veracruz, Zacatecas; está por iniciar Coahuila, Michoacán, Morelos, Oaxaca. Los demás estados (BCN, DF, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Edomex, Yucatán) están en suspenso[ii]. Mientras haya un estado que no le entra al registro de vehículos en REPUVE, no habrá certeza jurídica de que un auto que quiera uno comprar no sea robado. El REPUVE necesita gran apoyo desde arriba para superar este obstáculo y borrar la pésima imagen que dejó el ex criminal de guerra argentino Miguel Carvallo, a quien que algún alto funcionario mexicano le había descubierto talento para encabezar este registro.

Si se trata de bajar la criminalidad, el robo de vehículos es un objetivo atractivo por sí mismo, y más aún por los incontables casos de delitos cometidos sobre las cuatro ruedas de un vehículo robado. Si el REPUVE funcionara bien se impediría la venta de autos robados, ya que aparecerían en el reporte. Si en realidad se quiere bajar la criminalidad aquí está una oportunidad de oro, nada más es cosa de apretarle las tuercas a uno que otro gobernador.

3-Impunidad.

Hay una percepción generalizada de que el gobierno es corrupto. Juan Pueblo no se detiene a hacer análisis ni estadísticas, a Juan Pueblo le basta conocer los casos de Moreira y su tesorero prófugo Villarreal, de López Portillo, del dinero perdido en el Distrito de Riego 01 en Aguascalientes, de los millones con que endrogó a Chiapas el gobernador Sabines, para convencerse de que en el gobierno existe una enorme corrupción. Tomo como referencia el día de hoy (14.2.2013), y leo en los titulares que el Municipio de Aguascalientes demanda a una empresa de Monterrey porque le vendió $45 millones de software pirata a la anterior administración; la corrupción aparece (y si no, aparecería la estupidez) porque se requirió colaboración de las anteriores autoridades para meter ese golazo. En la sección nacional leo la noticia de que Pemex prestó $500 millones al sindicato en 2011, reservaron la información (la “ocultaron”, según Reforma), el préstamo es a 10 años sin intereses, y no se conoce el uso de ese dinero (en este contexto, recuerde también que el líder petrolero Romero Deschamps es actualmente senador, por aquello de la impunidad diplomática…)

No hay manera de que el Gobierno encabece un programa destinado a combatir  la delincuencia (prevención o castigo, da lo mismo) si no se ven señales claras de que quieren acabar con la impunidad. Mientras sigan apareciendo, día con día, noticias como estas dos, Juan Pueblo pensará así acerca de programas de prevención como el anunciado:

el gobierno quiere que yo no robe, para que sean ellos nada más los que puedan robar.

4-Enseñanzas

Un buen maestro debería clasificar a sus alumnos en tres grupos:

• los que aprenden gracias al maestro: alumnos promedio, 85% (número aproximado).
• los que aprenden a pesar del maestro: alumnos muy inteligentes, 7.5%.
• los que no aprenden de ninguna manera: alumnos poco inteligentes o problemáticos, 7.5%.

Esta clasificación da una orientación al maestro acerca de dónde concentrar sus esfuerzos: el grueso del grupo, el término medio que más se beneficiaría de sus esfuerzos; los muy inteligentes no lo necesitan, y el tercer grupo debería ser tratado por separado.

Si se trata de combatir la delincuencia, yo empezaría por concentrarme en el delito del robo en todas sus variantes, simple y sencillamente porque el dinero está detrás de casi todos los delitos. Una clasificación adecuada sería así:

1. El robo común y corriente. Es el ladrón de poca monta, el joven que no tiene hogar, se droga y luego roba para drogarse, el padre de familia que no tiene dinero y asalta una tienda. Es el grupo más numeroso, y es el que podría aprovechar más este nuevo programa.
2. Corrupción e impunidad. Los gobernadores, alcaldes, líderes sindicales, jefes policíacos, etc., que roban o permiten robar. Este grupo es el que maneja el mayor presupuesto (en el Ramo 9999, Robo y sus derivados) y los que son menos perseguidos, ya que muchos consiguen negociar su inmunidad. Mientras el gobierno no ataque corrupción e impunidad, Juan Pueblo no le va a creer.
3. Los delincuentes que eligen esta forma de vida.

Considero adecuada la clasificación porque permite que el ataque se especialice y pueda tener mayor éxito: para el primer grupo la prevención, para el segundo la voluntad política, el tercero tendrá que combatirse con los medios tradicionales.

El Proyecto podría beneficiarse con el anuncio (y la implementación, quizá es importante también), de obras semejantes a las de la Línea Verde en Aguascalientes: rescatar para el deporte y la recreación áreas urbanas abandonadas, que las hay en casi todas zonas pobres de las ciudades del país.

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