Concurso de corrupción

1-Hechos:

  1. Los casinos (o centros de apuestas, como usted los quiera llamar) tienen dos características indeseables para la sociedad: son licencias para quedarse con el dinero de sus clientes sin darles nada a cambio, y son negocios ideales para blanquear dinero. Para justificar esto: las leyes de la probabilidad siempre juegan a favor del casino, y para impedir que alguien que las conozca las utilice a su favor, todos los casinos tienen reglas de la casa que impiden contar las cartas, un recurso que debería ser válido en juegos como el Black Jack. Además, el manejo en efectivo de sus operaciones da todas las oportunidades requeridas para purificar dinero de fuentes dudosas.
  2. La ley que regula la existencia y operación de casinos es obsoleta (1947) y dice que los juegos de azar están prohibidos, pero da a la Secretaría de Gobernación facultades discrecionales para decir que sí o no a los permisos solicitados.

Esta situación es como poner trabas en el camino, pero no tantas para matar a la gallina de los huevos de oro, sino nada más para forzar a los interesados a recurrir a la SG a solicitar el favor de un permiso. Esta combinación de poder discrecional de la autoridad + un producto de alta demanda (permisos para operar casinos) es una combinación segura para corrupción: sobornos a funcionarios, hacerse de la vista gorda en las irregularidades, otorgar permisos a los amigos, dejar de ejercer inspecciones, etc. En otras palabras, lo más probable es que suceda como con los patrones de los maleantes que incendiaron el casino de Monterrey: tendrá que pagarse derecho de piso a funcionarios de SG.

Todo asunto de corrupción puede continuar en México como si nada, mientras no haya alguien o algo que pegue el grito en el cielo. En esta ocasión, lamentablemente, el grito fue causado por la muerte de 52 personas que corrieron con la mala suerte de estar en el casino cuando llegaron los incendiarios.

 

2-Reacciones ante el problema

Para empezar, los sicarios incompetentes no midieron (o no pensaron en) el enorme salto que hay entre causar daños materiales a un casino y causar la muerte de 52 inocentes. Se descubre después que el casino no tenía las adecuadas salidas de emergencia, faltaban extinguidores, alfombras no comburentes, etc. Protección Civil y el Ayuntamiento tiene responsabilidad de vigilar que todos los espacios abiertos al público cuenten con esos recursos; ¿dónde estaban estas autoridades?

Luego aparece el funcionario señalado como culpable: Roberto Correa Méndez, al frente de la dirección adecuada en SG (en los tiempos de Ramírez Acuña y Gómez Mont) otorga montones de permisos para operar casinos, QUE FINALMENTE QUEDAN EN PODER DE UNOS POCOS FAVORECIDOS.

Un juez de distrito (Luis Armando Jerezano Treviño) ordenó ampliar los permisos de ciertos concesionarios para que pudieran operar más tipos de apuestas. En cuanto empieza a haber amparos y juicios y chicanas, es señal segura de que los tiburones han encontrado una nueva alberca.

Naturalmente, Santiago Creel y Ramírez Acuña se deslindan de responsabilidad.

Aparece el hermano del alcalde de Monterrey recibiendo fajos de billetes en varios casinos, entre ellos el incendiado. El Alcalde dice que no está enterado, y dice que no pedirá licencia, aunque su partido el PAN se lo pida. El PRI se solidariza con el gobernador, declarándolo inocente.

El dueño del casino aparece 15 días después y la SG no sabe de quiénes son los casinos del país. Entrevistan a Juan Marcos Gutiérrez González (Subsecretario de Gobierno en SG), y declara: “en cuanto se tenga un avance de dicha verificación, que es un trabajo muy intenso, se reportará a los medios … y por lo demás creo que es importante esperar a que se pronuncien las autoridades competentes.

Le tengo noticias, señor Gutiérrez González: ¡usted es autoridad competente!

Finalmente el Secretario se da por enterado y anuncia el 8.9.2011 que ahora sí van a revisar los permisos, que hay muchas irregularidades, y todavía siguiendo un script (que podría funcionar lo mismo para SG que para Pemex que para cualquier otra dependencia) declara que los funcionarios que hayan cometido irregularidades, se les aplicará el peso de la ley. Lo único novedoso fue que aceptó que la Ley de Juegos de Azar y su Reglamento son obsoletos.

En todo este circo, los diputados y senadores, calladitos se ven más bonitos.

 

3-Pequeño análisis.

Este caso es un magnífico ejemplo de la enorme corrupción que padece México. Si quisiéramos planear las cosas para que hubiera el máximo de corrupción, difícilmente lo hubiéramos conseguido. Para empezar, tenemos una ley (obsoleta) que sus primeras palabras son “Quedan prohibidos en todo el territorio nacional…” ¿Qué caso tiene empezar tan valientemente para abrir la puerta en el artículo 3? Es como si la SG mandara un mensaje subliminal sustentado en el Evangelio de San Marcos, 10.14:

Dejad que los empresarios se acerquen a mí, porque de ellos será el Reino de los Juegos (de azar).

Aún en 1947 ya eran conocidas las características indeseables de los casinos, ¿por qué se han tolerado? Muchas personas van ahí a perder la quincena, o al menos el tiempo, para beneficiar a los dueños de casinos. En Aguascalientes tenemos desde siempre que el Casino de la Feria opera juegos de cartas, ruleta, y apuestas en general, a pesar de esa ley. ¿De qué se trata? ¿De hacer una ley para no cumplirla?

Naturalmente, los ex secretarios se deslindaron. De cualquier manera, el jefe responde por los actos de sus subordinados, esté o no esté dormido (el jefe).

Jurídicamente, ¿qué hace un juez metiendo las manos en ese asunto, ordenando la ampliación de un permiso? Esto sólo es posible en una ley que tenga más agujeros que un cerco viejo, por donde puedan colarse los solicitantes, impugnar algún permiso restrictivo, y solicitar a un juez que ordene la ampliación del permiso. Cuando una ley no es clara, se convierte en un paraíso para los abogados, y en un infierno para el resto de la ciudadanía.

Correa Méndez da N autorizaciones y cuando sale de la SG pone un despacho que da “consultorías y gestiones” a permisionarios de casinos. Un negocio así solamente es posible si se tienen buenos contactos tanto con permisionarios como dentro de la SG, y todo esto apunta a sobornos y a corrupción. No debería medrar con su cercanía a la SG, puesto que es un ex empleado, pero ya que los senadores pueden litigar en juicios contra el gobierno, ¿quién se va a preocupar de lo que haga un funcionario de 2ª una vez que haya dejado su puesto?

Y la última pregunta, quizá la más importante, es: ¿dónde han estado diputados y senadores, desde 1947 hasta la fecha?

4-Solución utópica, pero la única que hay

El Presidente Calderón dijo que una de las tres grandes acciones que hay que emprender para ganar la lucha al crimen es reconstruir el tejido social, inculcando una ética de valores. Yo estoy 200% de acuerdo. Todo problema de corrupción es un problema ético, que involucra tanto a personas adentro del gobierno como fuera del gobierno. Es estúpido querer confinar este problema al gobierno. Es estúpido decir que el PAN es el culpable, y también que el PRI es el culpable, porque el problema es tan viejo como el país, y porque muchísimas personas fuera del gobierno han colaborado para crear este problema.

El Gobernador Carlos Lozano de la Torre dijo también hoy que la educación es la única manera de resolver el problema de la inseguridad. Ojalá muchos otros sigan este ejemplo, y pongan manos a la obra.

La ética de valores debería darse desde dos lugares: la familia y la escuela, desde el kínder hasta la universidad. Podríamos pensar que mientras más preparada está una persona, mejor comportamiento tendrá. Lamentablemente, creo que todas las universidades pueden producir truhanes o al menos personas de moral elástica. Se da la coincidencia de que Correa Méndez es egresado de la Universidad Panamericana (UP), y su amigo Miguel Ángel Ochoa fue rector de la Universidad Bonaterra, parte del grupo UP. Ambos se conocen y colaboran, ya que Correa Méndez dicta seminarios a la AIEJA, una asociación de casas de entretenimiento representada por Miguel Angel Ochoa. Claro que no se puede juzgar a la UP por dos de sus representantes, pero yo esperaría que una universidad que declara inculcar valores cristianos a sus miembros, fuera noticia por motivos diferentes.

Por interés profesional, cada vez que leo una noticia fuerte veo también los comentarios del público. El común denominador es la queja: de los delincuentes, de las autoridades, de SG, del Presidente; un ingrediente frecuente es el insulto y la descalificación. Hoy leí el peor de los comentarios, terminaba así:

… lo de las quemazones no es mi problema, para esto están los bomberos. Pueblo piojoso y mugroso, voten más.

Es para desesperarse, leer que alguien opina así de una desgracia de todo el país; reflexiono que lo que une a este comentarista con los funcionarios corruptos, con los sicarios y con los empresarios mencionados, es su falta de valores.

Pero mientras los mexicanos, pobres y ricos, busquemos la manera de hacer las cosas más sencillas, al margen de la ley, seguirá habiendo corrupción. Mientras los padres deleguen la responsabilidad de educar a sus hijos a la televisión y al internet, seguiremos produciendo este tipo de personas. Mientras no veamos a la universidad como una etapa que nos formará para ser útiles a la sociedad y a nosotros mismos, así seguiremos, produciendo alcaldes que no tengan la vergüenza para renunciar ante un problema tan grande en su ciudad, aunque tengan un hermano filmado recibiendo dinero.

Tienen razón el Presidente y el Gobernador, necesitamos con urgencia una ética de valores.

5-Pregunta al Secretario de Gobernación.

¿Para qué queremos tantos casinos?

En última instancia, ¿para qué queremos casinos, a secas? Sirven al entretenimiento, igual que bares, discos, table dances, tabaquerías, e hipotéticos expendios de droga. ¿Por qué unos se autorizan y otros no? La razón “motivos de salud” no es válida, puesto que la adicción al juego es un mal que está documentado hasta en la literatura (sugiero leer El jugador, de Dostoievski). Y aunque no fuera vicio el juego, de todas formas es tirar el dinero, que buena falta le hace a la población para ropa, comida y sustento.

Además es escandaloso el número de 27 permisos, porque se desdoblan en 561 centros de juego, según declara Francisco Blake. Esto significa que cuando Creel y Ramírez Acuña se lavan las manos diciendo que “nada más” autorizaron 9 y 7 permisos, esos pequeños números se desdoblaron en 332 centros de juego, aplicando una regla de tres.

Don Francisco Blake: elimine o limite estos permisos. O en su defecto, haga respetar la ley.


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